De qué trata
Heliodoro Alfredo Agámez Pineda y su hijo Alfredo José Agámez Venegas, ambos abogados, fueron condenados por peculado por apropiación agravado tras participar en el llamado “carrusel de pensiones de Montería”: presentaron demandas laborales con poderes y resoluciones falsas para hacer que el Fondo del Magisterio pagara cuantiosos reajustes pensionales inexistentes. Sus defensores presentaron extensas demandas de casación con múltiples cargos de nulidad, error probatorio y dosificación de la pena.
Qué decidió la Corte
La Sala inadmitió casi todos los cargos. Explicó que las demandas no cumplían la técnica del recurso: en vez de demostrar errores concretos, los abogados expusieron su propia valoración de la prueba a manera de alegato de instancia. Las supuestas “máximas de la experiencia” (que un hijo no cuestiona a su padre, que un padre no expone a su hijo) no son reglas de observación común. En cuanto a la pena, aun quitando los factores cuestionados, subsistían motivos suficientes para el aumento. Solo se admitió un cargo: el referido a cómo se calculó la inhabilitación para ejercer la abogacía, que se decidirá en la sentencia de casación.
Por qué importa
La casación no sirve para repetir el debate probatorio ni para que la Corte prefiera la versión del defensor. Quien recurre debe señalar errores precisos en la valoración de la prueba; no basta el desacuerdo. Y una “máxima de la experiencia” debe describir un fenómeno de observación general, no una situación particular o hipotética.