La Corte Constitucional de Colombia tumbó la norma que obligaba a los abogados a probar el origen lícito de sus honorarios al defender a personas vinculadas con grupos armados.
La Corte Constitucional de Colombia tumbó la norma que obligaba a los abogados a probar el origen lícito de sus honorarios al defender a personas vinculadas con grupos armados.
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